"Financiamiento Partidista en Año No Electoral: Un Golpe a la Justicia Social y a la Democracia Dominicana"
La Junta Central Electoral (JCE) ha dispuesto la distribución de RD$900 millones del presupuesto nacional para financiar a 41 partidos, agrupaciones y movimientos políticos durante el segundo semestre de 2025. Esta decisión, que responde a una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la forma de cálculo de los votos en las pasadas elecciones y su relación con la ubicación en la boleta y la asignación de recursos públicos, ha generado gran preocupación en la ciudadanía y ha abierto un debate crucial sobre el uso del erario y las prioridades nacionales.
En un año no electoral, la entrega de esta suma tan significativa resulta no solo alarmante, sino también provocadora. La distribución se ha realizado con base en la clasificación de los partidos según su desempeño electoral, asignando el 80% del total (RD$600 millones) a los tres partidos mayoritarios: el Partido Revolucionario Moderno (PRM), la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Cada uno de los dos últimos recibirá RD$162 millones, mientras que el PRM, que encabeza el gobierno, manejará la cifra más alta: RD$276 millones en solo seis meses.
El 12% restante (RD$180 millones) se asignará a cinco partidos considerados como "intermedios", entre ellos el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Dominicanos por el Cambio (DxC), el Partido Popular (PP) y el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS). Finalmente, un grupo de 33 organizaciones políticas menores deberá repartirse el 8% restante, unos RD$120 millones, lo cual apenas alcanza para mantener operativos básicos.
Este esquema de distribución, aunque legal, resulta profundamente inmoral y cuestionable desde el punto de vista ético y social, sobre todo si se considera el contexto económico del país. República Dominicana enfrenta serias deficiencias estructurales en salud, educación, vivienda e infraestructuras comunitarias. La desigualdad social continúa profundizándose, y las comunidades más vulnerables siguen esperando que se les dé respuesta a reclamos históricos. Mientras tanto, los partidos políticos reciben un financiamiento que, en muchos casos, solo alimenta una maquinaria clientelar e inoperante fuera de las campañas electorales.
Una “ración de boa” para el clientelismo
Resulta escandaloso que, en un período donde no se celebran elecciones, los partidos políticos reciban recursos millonarios con el supuesto objetivo de mantenerse activos institucionalmente. Sin embargo, en la práctica, estos fondos suelen convertirse en el combustible de un activismo político prematuro, ilegal y perjudicial para la institucionalidad democrática.
Lo que algunos sectores denominan “ración de boa” —una gran cantidad de comida para digerir lentamente mientras se espera la próxima presa— es una metáfora que retrata con crudeza el fenómeno del clientelismo político dominicano. Los recursos públicos, en lugar de destinarse a proyectos productivos o de impacto social, sirven para sostener a una élite partidaria que muchas veces no aporta soluciones ni representa los intereses de la mayoría.
Partidos "parásitos" y el negocio del reconocimiento
Parte del problema es la excesiva cantidad de partidos reconocidos en el país. Aunque la Constitución garantiza el derecho a la libre asociación política, en la práctica muchas de estas agrupaciones solo existen para fungir como satélites de los partidos mayoritarios, asegurando su permanencia en el sistema mediante alianzas que les garantizan votos mínimos y, por ende, acceso al financiamiento.
Este fenómeno ha creado una industria del reconocimiento partidario, en la que algunos dirigentes convierten sus partidos en negocios personales, funcionando más como empresas que como instituciones democráticas. La alianza con un partido mayoritario en cada elección garantiza la supervivencia, sin necesidad de demostrar una estructura orgánica, una base militante activa o propuestas reales.
Esto representa una carga económica innecesaria para el Estado, pero también una distorsión en la democracia dominicana. El multipartidismo debería fortalecer la representación y la participación ciudadana, no convertirse en una plataforma de reparto clientelar y oportunista.
Justicia vs. Legalidad: una contradicción urgente
Aunque la sentencia del Tribunal Constitucional ha sido citada como base legal para esta distribución de recursos, la legalidad no siempre equivale a justicia. En este caso, se evidencia una clara contradicción entre lo que es jurídicamente permitido y lo que es socialmente aceptable o moralmente correcto.
Con hospitales desabastecidos, escuelas en condiciones precarias y familias viviendo en la indigencia, es un verdadero contrasentido que se utilicen RD$900 millones para financiar estructuras partidarias que, en muchos casos, no rinden cuentas ni muestran transparencia en el uso de los fondos públicos.
El Estado tiene el deber de priorizar las necesidades esenciales de la población. La financiación política debe estar supeditada a criterios de eficiencia, representación real y rendición de cuentas, y no a un sistema automático y desproporcionado que privilegia a quienes ya gozan de poder y recursos.
Legisladores: jueces y partes
Uno de los aspectos más críticos de esta problemática es el papel de los legisladores, quienes diseñan las leyes electorales y al mismo tiempo se benefician directamente de ellas. Esta dualidad pervierte la esencia del ejercicio legislativo y perpetúa un sistema político lleno de imperfecciones, desigualdades y vicios estructurales.
Mientras los propios actores políticos se mantengan como jueces y partes, no puede esperarse una transformación auténtica del sistema. Las reformas necesarias —como la reducción del número de partidos reconocidos, la fiscalización estricta del uso de los fondos y la supresión del financiamiento en años no electorales— seguirán siendo pospuestas o neutralizadas por quienes se benefician del statu quo.
Un llamado a la ciudadanía y a la sociedad civil
La distribución de RD$900 millones a los partidos en 2025 debe ser motivo de alarma, reflexión y movilización. No es suficiente con denunciar esta injusticia en redes sociales o medios de comunicación. Se requiere una presión activa por parte de la sociedad civil, organizaciones comunitarias, sectores productivos y académicos que exijan una revisión urgente de las prioridades nacionales.
La democracia no puede seguir siendo una caricatura en la que los partidos políticos reciben millones mientras las comunidades carecen de agua potable, empleo, seguridad o servicios básicos. La participación ciudadana, la exigencia de transparencia y la vigilancia constante del uso de los recursos públicos son las únicas vías posibles para comenzar a corregir este rumbo errático.
Conclusión:
El caso del financiamiento partidista en un año no electoral pone en evidencia muchas de las debilidades estructurales de la democracia dominicana. Más allá de la legalidad, debe prevalecer el sentido común, la ética pública y la justicia social. República Dominicana necesita un sistema político verdaderamente representativo, funcional y responsable con las necesidades reales del pueblo. Y para lograrlo, es imprescindible romper con las prácticas que perpetúan la mediocridad, el clientelismo y el uso indebido del presupuesto nacional.
